La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recientemente aprobada por el Congreso ha desatado una intensa polémica en México. Esta reforma propone, entre otras medidas, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una reducción en el número de ministros y la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ante la controversia, diversas organizaciones y partidos de oposición ya han anunciado que impugnarán la reforma a través de diversos mecanismos jurídicos.
Este análisis abordará los posibles escenarios que enfrentará la reforma judicial, así como los puntos más controvertidos y las distinciones clave entre el poder reformador y el constituyente original. Además, se explorará el papel de los principios pétreos de la Constitución, como la forma de gobierno, la independencia judicial y la separación de poderes.
1. Distinciones Clave: Poder Reformador vs. Poder Constituyente Original
Para comprender los límites a los que se enfrentará la reforma judicial, es esencial distinguir entre el poder reformador de la Constitución y el poder del constituyente original. El poder constituyente original es aquel que crea la Constitución, estableciendo los principios fundamentales que rigen el Estado y su estructura. En cambio, el poder reformador tiene la capacidad de modificar la Constitución, pero no puede alterar los elementos esenciales establecidos por el constituyente original, conocidos como principios pétreos.
Principios Pétreos de la Constitución
Los principios pétreos son aquellos considerados inalterables, ya que constituyen la esencia del Estado Mexicano. Entre ellos se encuentran:
- La forma de gobierno republicana y federal: Este principio garantiza la existencia de un sistema en el que el poder se divide entre el gobierno central y las entidades federativas, con un régimen republicano basado en la elección de representantes.
- La independencia judicial: La separación del Poder Judicial de las influencias políticas o populares es esencial para garantizar una justicia imparcial y objetiva. La propuesta de elegir jueces por voto popular podría comprometer este principio, ya que los jueces estarían sujetos a las dinámicas de la política electoral.
- La separación de poderes: Este principio asegura que ningún poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) pueda ejercer un control absoluto sobre los otros, garantizando un equilibrio de poderes que previene la concentración de autoridad.
Cualquier reforma que amenace o altere estos principios podría considerarse inconstitucional, lo que llevaría a un escenario de confrontación en los tribunales.
2. Escenarios Jurídicos: Juicios Constitucionales y Amparos
Uno de los principales escenarios que enfrentará la reforma judicial será la impugnación a través de diversos mecanismos legales. Los expertos constitucionalistas han identificado dos rutas principales para combatir la reforma:
a) Acción de inconstitucionalidad
Una acción de inconstitucionalidad es un recurso que puede presentarse cuando una ley viola preceptos constitucionales. En este caso, la impugnación podría no centrarse en el fondo de la reforma (dado que las reformas constitucionales son difíciles de cuestionar), sino en los vicios de procedimiento legislativo. Los partidos de oposición y otros actores políticos podrían argumentar que la reforma fue aprobada de manera irregular en el Congreso, por ejemplo, al señalar que:
- No hubo certeza sobre si se alcanzó el quórum legal en las sesiones.
- Se discutió y votó la reforma en sedes alternas.
- Se violaron suspensiones judiciales que impedían la votación.
b) Juicio de amparo
El juicio de amparo es otro mecanismo clave que puede ser utilizado por individuos o grupos que consideran que sus derechos han sido violados por la reforma. Aunque no es posible impugnar directamente una reforma constitucional a través de un amparo, algunos especialistas han sugerido que podría argumentarse que el proceso de reforma viola derechos humanos o principios fundamentales, lo que abriría una vía para el análisis judicial.
Los vicios de forma en el proceso de aprobación de la reforma pueden ser determinantes en estos juicios. Si se demuestra que la reforma fue discutida y aprobada en contravención a las normas establecidas, podría ser anulada o, al menos, algunos de sus artículos podrían ser declarados inválidos.
3. Escenarios en la Suprema Corte de Justicia
La SCJN jugará un papel crucial en la resolución de estos conflictos. Actualmente, se necesita una mayoría de ocho ministros para invalidar una reforma constitucional. Sin embargo, este escenario se complica debido a la salida del ministro Luis María Aguilar en diciembre de 2024. Su reemplazo, que probablemente será alguien cercano al gobierno de la Cuarta Transformación, podría inclinar la balanza en favor de la reforma.
A pesar de que algunos ministros han expresado que las reformas constitucionales no pueden impugnarse, otros han planteado la posibilidad de dejar de aplicar aquellas que vulneren los principios fundamentales o los derechos humanos. En todo caso, la SCJN deberá enfrentar una intensa presión política y social al tomar decisiones sobre la validez de la reforma.
4. Implicaciones Internacionales: La CIDH y la Inconvencionalidad
Aunque la Constitución Mexicana establece límites claros sobre qué puede o no ser impugnado a nivel interno, existe la posibilidad de que la reforma sea llevada ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH ha declarado en diversos casos que las reformas constitucionales pueden ser inconvencionales si violan los derechos humanos protegidos por tratados internacionales.
Este camino, sin embargo, es incierto, ya que el gobierno mexicano podría rechazar las resoluciones de la CIDH en caso de que se dictaminen en su contra. Además, el contexto político actual sugiere que la relación entre México y las instituciones interamericanas es tensa, lo que podría complicar el reconocimiento de cualquier fallo que declare la inconvencionalidad de la reforma.
5. Puntos Polémicos de la Reforma
Aparte de los aspectos jurídicos, la reforma plantea varios puntos polémicos que han generado inquietud tanto en la sociedad mexicana como en la comunidad internacional:
- Elección popular de jueces y magistrados: Esta medida podría politizar al Poder Judicial, comprometiendo su independencia y sometiendo a los jueces a las dinámicas electorales. Esto podría abrir la puerta a influencias externas, como el crimen organizado o grupos de presión, que intenten controlar el sistema de justicia.
- Reducción de la SCJN: La propuesta de reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y eliminar sus dos salas especializadas ha generado preocupación por la capacidad del máximo tribunal de atender la carga de trabajo y emitir resoluciones de alta calidad jurídica.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Este nuevo órgano reemplazaría al Consejo de la Judicatura Federal y tendría amplias facultades para investigar y sancionar a jueces y magistrados. La concentración de poder en este tribunal ha suscitado críticas por el riesgo de persecuciones políticas contra jueces incómodos para el gobierno.
Conclusión
La reforma judicial de 2024 enfrenta un camino lleno de obstáculos legales y políticos. Los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la presión en la SCJN serán fundamentales para determinar si la reforma puede sostenerse. Además, la tensión con las instituciones internacionales, como la CIDH, añade un componente externo que podría complicar aún más el escenario.
En última instancia, el debate gira en torno a la preservación de los principios fundamentales del sistema político y jurídico mexicano, como la independencia judicial y la separación de poderes. Estos principios, considerados inalterables o pétreos, están en juego, y cualquier modificación que los debilite podría tener consecuencias profundas para el futuro de la democracia y el estado de derecho en México.
Este análisis proporciona una visión detallada de los posibles escenarios que enfrentará la reforma judicial, los mecanismos legales que podrían ser utilizados para impugnarla y los principios fundamentales que deben ser protegidos.
