La reforma constitucional de 2024 en el sector energético ha marcado un hito en la política energética de México, devolviendo el control estatal sobre áreas estratégicas y transformando a Pemex y CFE en empresas públicas bajo la administración directa del Estado. Esta reforma no solo cambia la estructura de gestión de estos sectores, sino que también establece un nuevo marco de explotación de recursos estratégicos como el litio y redefine las reglas de participación para el sector privado en la industria energética.
En este artículo, exploraremos de manera detallada cada uno de los aspectos de la reforma, desglosando las modificaciones constitucionales, el impacto en las empresas estatales, el nuevo régimen de recursos energéticos, y los argumentos a favor y en contra de esta decisión histórica que ha sido aprobada.
Antecedentes de la Reforma Energética de 2024
La reforma energética de 2013 fue un cambio profundo en la estructura del sector energético de México, permitiendo la participación privada en sectores anteriormente reservados al Estado. Este marco legal introdujo las «empresas productivas del Estado», un modelo que buscaba que CFE y Pemex operaran con eficiencia y competitividad, y otorgó concesiones y contratos a privados para la exploración y explotación de recursos energéticos.
Sin embargo, desde su administración, el expresidente Andrés Manuel López Obrador buscó revertir este modelo y priorizar la autosuficiencia energética. Tras varios intentos de reforma y consultas populares, en 2024 se aprobó una reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, estableciendo nuevamente la supremacía del Estado en el sector energético y devolviendo a Pemex y CFE el rol de actores preponderantes en este ámbito.
Principales Cambios Constitucionales
La reforma energética de 2024 afecta tres artículos fundamentales de la Constitución mexicana, cada uno con implicaciones importantes en el modelo de administración de la energía y los recursos naturales:
Modificación del Artículo 25
El artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Con esta reforma, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado” para CFE y Pemex, transformándolas en “empresas públicas del Estado”. Esto redefine su objetivo principal, orientándolas a satisfacer necesidades sociales en lugar de buscar rentabilidad, y priorizando el interés público sobre el lucro privado.
Modificación del Artículo 27
La modificación al artículo 27 reafirma la propiedad del Estado sobre todos los recursos naturales del país, incluyendo el petróleo, el gas y el litio. Uno de los cambios clave es la exclusividad otorgada al Estado para la explotación del litio, prohibiendo la concesión de este recurso a privados. Este artículo establece que el Estado puede realizar contratos con particulares en la exploración y explotación de hidrocarburos, pero restringe las concesiones y prioriza el acceso de Pemex en el sector petrolero.
Modificación del Artículo 28
El artículo 28 establece que el Estado debe conservar la seguridad energética y el acceso universal a la electricidad y otros servicios estratégicos. Con esta reforma, se redefine el sistema eléctrico nacional para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantenga el control mayoritario en el despacho eléctrico, con el 54% del mercado, mientras que el 46% restante queda reservado para la inversión privada.
Implicaciones de la Transformación de Pemex y CFE
La reforma redefine a Pemex y CFE como «empresas públicas del Estado», un cambio que significa que estas empresas deben operar con el objetivo de garantizar la seguridad energética de México y satisfacer el interés público, alejándose de la competencia y la rentabilidad como factores prioritarios. Bajo esta estructura, Pemex y CFE tienen mayor control sobre los recursos energéticos y, en teoría, mayor capacidad para regular y equilibrar el mercado.
Al eliminar el enfoque en la rentabilidad, la CFE y Pemex podrán operar con una mayor libertad en la planificación de sus actividades y objetivos, priorizando el acceso equitativo a la energía sobre el ingreso económico. No obstante, esto plantea un reto importante en términos de eficiencia operativa y presupuestaria, ya que deberán encontrar un balance entre su rol de proveedor social y la necesidad de una operación financieramente sostenible.
Exclusividad del Estado en la Explotación del Litio
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la exclusividad del Estado en la explotación del litio, considerado un recurso estratégico. Este mineral, crucial para la producción de baterías y almacenamiento de energía en tecnologías renovables, no podrá ser concesionado a empresas privadas, y su extracción será responsabilidad única del Estado.
La exclusividad en la explotación de litio implica que el gobierno mexicano tiene el control total sobre la regulación, producción y comercialización de este recurso, lo que puede contribuir a una mayor seguridad energética y autonomía en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, este enfoque plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para desarrollar una infraestructura competitiva y las inversiones necesarias para aprovechar eficientemente el litio en el mercado global.
Régimen de Hidrocarburos: Contratos con Particulares sin Concesiones
La reforma permite al Estado celebrar contratos de colaboración con particulares en la explotación de hidrocarburos, pero prohíbe las concesiones directas. Esta medida busca restringir el acceso de privados a la propiedad y derechos sobre los recursos energéticos, manteniendo la autoridad y supervisión del Estado en los proyectos de exploración y extracción.
La limitación de concesiones implica que cualquier contrato con el sector privado estará regulado bajo estrictas normas que garantizan la preponderancia estatal. Esta medida podría ofrecer oportunidades para el sector privado en alianzas específicas, pero siempre subordinadas al control y objetivos nacionales, lo que limita el impacto de los privados en la determinación de la política energética del país.
Control Estatal en la Generación y Distribución de Energía
Otro cambio importante es el fortalecimiento del control estatal en la generación y distribución de electricidad. Bajo esta reforma, la CFE será responsable del 54% del despacho eléctrico, mientras que el 46% será gestionado por el sector privado. Esta distribución permite al Estado mantener el control mayoritario sobre el mercado eléctrico, priorizando la oferta pública sobre la privada y orientándose a garantizar el acceso equitativo y a precios accesibles de electricidad para todos los mexicanos.
Además, la reforma establece que el Estado será responsable de proporcionar servicios de internet en áreas estratégicas, incorporando el acceso a la red como una prioridad estatal. Esto implica que el Estado tendrá el poder de decisión y administración en áreas clave de la infraestructura digital, lo que apunta a una mayor cobertura y conectividad en todo el país.
Desafíos en la Legislación Secundaria y la Implementación de la Reforma
Uno de los mayores retos derivados de esta reforma será la adecuación de las leyes secundarias en un plazo de 180 días. Estas leyes deberán definir los detalles operativos para Pemex y CFE bajo su nuevo estatus de empresas públicas, regular los contratos con particulares en hidrocarburos y establecer las normas para la explotación exclusiva del litio.
La legislación secundaria será clave para garantizar la efectividad de los cambios propuestos y definir cómo el Estado equilibrará su rol en la gestión energética con la eficiencia y la sustentabilidad económica. Específicamente, se espera que estas leyes aborden:
- Los términos de colaboración en contratos con privados en hidrocarburos.
- Las responsabilidades específicas de la CFE en la generación y distribución de electricidad.
- El desarrollo de un marco regulatorio robusto para la explotación y comercialización de litio.
Argumentos a Favor y en Contra de la Reforma
A Favor:
- Autosuficiencia energética y acceso universal: Al otorgar control al Estado, se prioriza el acceso equitativo a la electricidad y al internet, garantizando que el interés público prevalezca.
- Protección de recursos estratégicos: La exclusividad del Estado en el litio y la limitación de concesiones en hidrocarburos aseguran que los recursos energéticos sean explotados para el beneficio de la nación.
- Seguridad energética: La CFE y Pemex, como empresas públicas, pueden operar sin las presiones de rentabilidad del sector privado, enfocándose en políticas de seguridad energética a largo plazo.
En Contra:
- Falta de incentivos para inversión privada: La eliminación de concesiones y el control estatal podrían desincentivar la inversión en sectores clave, especialmente en energías renovables.
- Riesgo de ineficiencia: Sin incentivos de rentabilidad, Pemex y CFE podrían enfrentar problemas de eficiencia y financiamiento a largo plazo.
- Impacto en acuerdos internacionales: Algunos expertos señalan que la reforma podría entrar en conflicto con acuerdos como el T-MEC, afectando la inversión extranjera.
Conclusiones
La reforma energética de 2024 representa una transformación profunda en el sector energético de México, reforzando la intervención del Estado en áreas estratégicas y promoviendo una mayor autosuficiencia. Al redefinir a Pemex y CFE como empresas públicas, se espera que el Estado tenga una mayor capacidad de regulación y administración de los recursos energéticos, así como una participación protagónica en el mercado eléctrico y la explotación de minerales estratégicos como el litio.
Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del gobierno para implementar y regular estos cambios de manera eficiente. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo la legislación secundaria define los detalles operativos de esta nueva estructura, y cómo Pemex y CFE lograrán equilibrar su rol de empresas públicas con las demandas de eficiencia y sustentabilidad en el sector energético.
